Pueblo Maya de Yucatán es discriminado por magistrado agrario

By on marzo 14, 2019

SanJoseTipceh_1

MUUCH XIMBAAL DENUNCIA FAVORITISMO CON MULTINACIONAL EN MEGAPROYECTO SOLAR

edgar rodríguez cimé

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, capítulo II, artículo 10, señala: “El Estado garantizará los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el acceso a su jurisdicción en el idioma indígena nacional del que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos de que sean parte, individual o colectivamente, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Asimismo, en su página web una empresa multinacional expresa: “Sun Power es consciente de la necesidad específica de proteger los derechos de las personas indígenas y de las minorías en los países donde operamos; como tal, Sun Power respeta los derechos de las comunidades y culturas locales e intenta reducir los impactos en sus formas de vida.”

Pero del dicho al hecho / hay mucho trecho: El lunes 25 de febrero de 2019 se programó la celebración para audiencia de ley en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, donde se esperaba tratar temas relacionados con el despojo de tierras ejidales al pueblo maya de San José Tipceh para la construcción de los megaproyectos solares Vega Solar I y Vega Solar II, de la empresa Vega Solar, en relación con actas de asambleas y contratos irregulares.

Al iniciar la audiencia, el representante legal de los demandantes opositores al megaproyecto fotovoltaico solicitó la participación de un traductor certificado, derecho constitucional que debe ser garantizado y al cual buscaban acceder los ejidatarios, que requieren de un traductor de español al idioma maya.

En respuesta, y en acto de clara discriminación contra sus derechos elementales, la empresa extranjera puso en duda la identidad de los demandantes y solicitó al juez cuestionarlos sobre su nivel de entendimiento del castellano, alegando: “No basta auto adscribirse como indígena puesto que esa consciencia de identidad debe estar ligada a la comprobación de la existencia de la comunidad a la cual pertenece,” ¡exigiendo documentos de identidad maya!

En la Evaluación de Impacto Social de la misma empresa, se reconoce la existencia de la comunidad maya de San José Tipceh, en el municipio de Muna, en el cual, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015, el 80.53% de la población se auto adscribe como maya, siendo suficiente la auto adscripción para ser reconocido como tal, estando claramente señalado en el artículo 2 constitucional, al decir: “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones para pueblos indígenas.”

De la misma forma, la Ley para Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán, artículo 2, fracción 3, señala que indígena maya es: “La persona que habita en poblaciones del estado de Yucatán o descienda del pueblo maya, y conserva en todo o en parte rasgos étnicos, culturales, lingüísticos y sociales de la cultura maya.”

Como en un acto de favoritismo empresarial, el magistrado Antonio Betancourt Sánchez cuestionó la identidad étnica de los demandantes, sosteniendo que entendían bien el idioma castellano para insistir en que no había necesidad de tal traductor al idioma maya; éstos respondieron que su lenguaje original era el maya, y que deseaban comprender muy bien los detalles legales de todo lo ocurrido durante el juicio, por lo cual insistieron en el traductor.

Como en el libro Patas Arriba, de Eduardo Galeano, en vez de respetarse la ley, reconociendo la identidad de los demandantes, “por sus pistolas” el magistrado determinó ¡otorgarles tres días de plazo para exhibir constancia de pertenecer a una comunidad indígena maya para reconocerles el derecho a un traductor”, lo cual viola flagrantemente la Constitución Política de México!

Este atentado contra el pueblo maya ya traspasó nuestras fronteras nacionales hasta llegar a los oídos del mundo, causando alarma entre la comunidad internacional, como consta en el informe de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli-Corpuz, en el informe de su visita a nuestro país: “En el municipio de Muna, Yucatán, autoridades ejidales y ambientales autorizaron un parque solar para la construcción de más de un millón de paneles solares en territorios indígenas, sin consultar previamente a las comunidades mayas afectadas. Los contratos firmados entre empresa y autoridades del ejido carecen de la necesaria consulta entre la asamblea de ejidatarios, lo cual ha motivado divisiones y conflictos internos violentos en esta comunidad maya.”

edgarrodriguezcime@yahoo.com.mx

colectivo cultural “Felipa Poot Tzuc”

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