Cumpliendo estrictamente con términos legales, y después de pláticas previas infructuosas, la Asociación Única de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Yucatán estalló una huelga en el Alma Máter.
Contra estos trabajadores se ha optado por el método de rechazo absoluto, cuando debería servir la oportunidad para revisar con seriedad los conceptos de gastos internos, la posibilidad de incrementar el renglón de aprovechamientos de su presupuesto y limitar el personal de confianza, practicando la austeridad intramuros. También sería revisable el contexto de sueldos y prestaciones, el número de plazas creadas, etc. No es creíble que sueldos oscilantes entre 3 y 6 mil pesos mensuales de los trabajadores sean un detonante de las finanzas universitarias.
La respuesta a los planteamientos laborales ha sido la cerrazón, la carencia de diálogo abierto, el ansia de imposición de parámetros de la SEP, olvidando que un gobernador de extracción universitaria promovió la autonomía de este centro de altos estudios, fundado nada menos que por el líder defensor de los derechos de los trabajadores de Yucatán: Felipe Carrillo Puerto.
Ante esto, las sociedades de alumnos permanecen en silencio, cuando otrora eran las principales defensores de su Universidad y pugnaban ante el gobierno federal por incremento a los subsidios.
No buscar alternativas internas para los trabajadores desfavorecidos, no abrirse al análisis serio y mesurado de la sociedad, volviendo jurídico un problema social interno, es un signo de miopía administrativa para un rector recién electo que debería encabezar la justicia social en los terrenos universitarios. Un sector desfavorecido de la UADY espera comprensión, diálogo, decisiones correctas y apropiadas.
Se dice que serán utilizadas sedes alternas para atender alumnado. Eso ocasionaría gastos presupuestales que de alguna partida saldrán. ¿Entonces?
Las frases que se proclaman de Excelencia Académica deben reflejarse también en Excelencia en Sensibilidad y Justicia Laboral.
