Mandato Constitucional y Reclamo Popular

By on enero 4, 2024

Letras

XXXI

Educación Gratuita

7 de marzo de 1999

El 15 de marzo de 1993 el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas aprobadas para la Cámara de Diputados, al Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la iniciativa presentada con fecha 18 de noviembre de 1992 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Las siete primeras palabras de dicho Artículo Constitucional reformado establecen textualmente: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”. Y agrega; “El Estado-Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias”.

El segundo párrafo de dicho ordenamiento precisa: La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

El Inciso primero de esta norma apunta: “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.

El Inciso IV del propio Artículo define y ordena: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. E inmediatamente después, el Inciso V añade: “Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación superior– necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y atenderá el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Queda absolutamente claro, por tanto, que la Constitución, Ley Suprema, ordena y dispone que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que toda la educación que el Estado imparta será gratuita, incluyendo la educación superior, universitaria y tecnológica, compromiso social del Estado Mexicano.

Ajeno por completo al ordenamiento constitucional correspondiente y al espíritu de justicia social contenido en la doctrina de los legisladores constituyentes de 1917, que pensaron en una educación para la libertad y la justicia, popular, nacionalista, democrática y antiimperialista, al servicio del pueblo, de los hijos de los campesinos y de los trabajadores que hicieron la Revolución Mexicana, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), Francisco Barnés, anunció el 11 de febrero del presente año, en un documento titulado “Universidad responsable, sociedad solidaria”, una reforma al Reglamento General de pagos de la propia Universidad, para el cobro de cuotas a los alumnos.

El artículo 6 modificado del Reglamento de Pagos que se pretende imponer a la masa estudiantil, establece el pago semestral de cantidades equivalentes a 20 días de salario mínimo a quienes cursen nivel de estudios de bachillerato o técnico y 30 días de salario mínimo a nivel licenciatura.

Para mayor agravio, con una pretendida y falsa muestra de generosidad, el Rector propone en el Artículo 7° del propio Reglamento, que los alumnos cuyo nivel de ingreso familiar sea igual o menor a 4 salarios mínimos, tendrán derecho a la exención de la cuota semestral; dispone también en el Artículo 8° que cuando existe causa justificada, los alumnos cuyo nivel de ingreso familiar mensual sea mayor de 4 salarios mínimos, podrán diferir el pago de las cuotas semestrales hasta el término de sus estudios; y en el Artículo 9º ofrece que los alumnos cuyas familias tengan a dos o más hijos inscritos en cualquiera de los ciclos de estudios de bachillerato, técnico o de licenciatura de la UNAM, si lo requieren, podrán solicitar diferir el pago de las cuotas semestrales, hasta el término de sus estudios.

Desconoce, por lo visto, el señor Rector la realidad económica en que sobreviven los padres de familia que tienen un ingreso de 4 salarios mínimos, equivalentes en el Distrito Federal y en cualquier otra ciudad de la República Mexicana, a vivir en la pobreza, en la mayor carencia, imposible de hacer frente a nuevos compromisos económicos, que vendrían a sumarse a los gastos ineludibles de comida, ropa, renta de vivienda, transporte, luz, agua, gas, etc., sin incluir gastos médicos ni mucho menos diversiones o teléfono.

La airada respuesta de los estudiantes no se ha hecho esperar y han comenzado las movilizaciones de resistencia para frenar los proyectos del Rector que, de ponerse en práctica, servirían de norma para el establecimiento de cuotas similares en las Universidades de las Entidades Federativas. He aquí el alto riesgo para la población estudiantil de todo el país.

Actualmente las cuotas que se cobran en las Universidades públicas son simbólicas. No podría ser de otra manera en un país como el nuestro, donde la experiencia histórica nos ha enseñado, que el Estado Mexicano debe ser responsable de la educación de la niñez y de la juventud, pues únicamente por medio de la educación se alcanza la libertad plena.

El compromiso de un estado moderno, revolucionario, democrático, debe sustentarse en la igualdad de oportunidades para todos.

Con esta visión se crearon las escuelas rurales y con este pensamiento la escuela pública mexicana, desde 1910, se convirtió en el motor de la transformación de la sociedad.

Han sido los hijos del pueblo bajo quienes se formaron en las escuelas públicas y alcanzaron después grados académicos en las Universidades e Institutos Tecnológicos, los que han dado las mayores aportaciones a las diversas disciplinas científicas y al ejercicio profesional en los campos de la medicina, el derecho, la ingeniería, la administración, etc.

Los profesionistas más destacados, los universitarios más distinguidos, los científicos más renombrados, sin lugar a dudas, provienen de familias pobres, cuyos padres jamás hubiesen podido hacer frente a los gastos de su educación, de no haber sido por la Universidad popular, gratuita, abierta a todos, sin distinción de clases sociales y nivel de ingresos medidos en salarios mínimos.

Mi generación es el mejor ejemplo de esto. Mis condiscípulos, sin excepción, fueron hijos de trabajadores muy pobres: zapateros, campesinos, burócratas, profesores, ferrocarrileros, cantineros, etc., pero, no obstante, con el estímulo de sus padres, que generosamente hicieron toda clase de sacrificios, alcanzaron títulos profesionales que los convirtieron en hombres útiles a la sociedad, el Estado Mexicano, la Universidad Pública, no debe perder su esencia de servicio al pueblo.

La equivocación más grave en estos momentos sería cancelar la oportunidad de formación profesional de la juventud mexicana.

El señor Rector Barnés equivoca el sentido de solidaridad entre educandos para el cobro de colegiaturas con la justicia social. Las generaciones de hoy tienen derechos históricos adquiridos. Son jóvenes herederos de la Revolución Mexicana. Descienden de grandes mexicanos cuyos apellidos son extraños para quienes desconocen la historia de México: Madero, Zapata, Villa, Carranza.

El futuro de este gran país, que es nuestra Patria, se encuentra en el talento de las nuevas generaciones que hoy asisten a las Universidades. No les cancelemos el derecho a forjar un país más libre y próspero ni les neguemos la oportunidad de encontrar la libertad en la educación.

Luis F. Peraza Lizarraga

Continuará la próxima semana…

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