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El aparato judicial en México es muy malo, arcaico, muchas veces indolente, y ciertamente ineficiente para impartir justicia. Nada de lo anterior se cuestiona. Cambiar el sistema, y remover a los malos elementos, era algo necesario desde hace mucho.
Quisiéramos pensar que el origen de este inmenso cambio no es aquel evento en el cual la presidenta de la Suprema Corte de Justicia no se puso de pie para recibir a quien detentaba en ese entonces el Poder Ejecutivo, sino una verdadera hambre de justicia.
Si bien los solones en todos los niveles han demostrado en infinidad de ocasiones cuán influenciable$ resultan, es imposible entender tan mal desempeño sin involucrar en el problema a las fiscalías y a los cuerpos policiacos de cada estado y demarcación. Integrar mal una carpeta de investigación resulta tan o más cuestionable como la decisión de un juez porque los criminales, a pesar del peso de las evidencias, salen libres bajo artimañas legaloides, continuando su carrera criminal.
En un país donde la impunidad reina, donde la evidencia y los resultados en juicios se arreglan en beneficio del mejor postor o bajo amenazas de muerte, es imposible creer en las buenas intenciones de los que organizaron este ejercicio, simple y sencillamente porque siguen siendo los mismos de siempre, con los mismos vicios de origen, tan solo mutaron de partido.
El gran problema sobre la elección de jueces y ministros que se hará este próximo domingo 1⁰ de junio es, a nuestro juicio, lo viciado del proceso y lo impresentables que resultan muchos de los candidatos.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las ministras candidatas cargan inmensas losas de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y plagio que las descalificarían de entrada en un proceso serio. Como sirven a los intereses del partido en el poder, como ha sido desde los inicios de nuestra tambaleante democracia, tienen prácticamente garantizado su puesto.
A nivel estatal, salvo honrosas excepciones, los candidatos no son ni los mejor preparados, ni muchos de ellos son faros de integridad y ética sino, por el contrario, han crecido al amparo de dudosos contubernios. Muchos de ellos incluso poseen un pasado criminal que debiera haberlos excluido del ejercicio.
Con estos antecedentes, esperar que criminales apliquen la ley con sentido de justicia es un inmenso galimatías que podría tener serias consecuencias para todos los mexicanos y para la nación.
Por otro lado, el proceso de elegir a la nueva estructura judicial que se encargará de aplicar la ley recae en una población mayormente impreparada, con un alto nivel de ignorancia, maleables a cochupos que orienten su voto, usando una complicada boleta llena de números que representan a gente cuyos méritos (o deméritos) desconocen, en un proceso en el cual no se han involucrado precisamente por ser tan complejo. El grado de participación de la ciudadanía dejará en claro mucho de lo anteriormente expuesto.
Por esas ominosas consecuencias, ojalá y la elección del próximo domingo se hubiera planeado y organizado cuidadosamente, en vez del ejercicio apresurado y cuestionable que resultó.
Es insensato defender la inercia y el statu quo del poder judicial en México, como es ingenuo pensar que esta votación representa un nuevo amanecer para la justicia en nuestro país.
