La revolución que quiso ser – IX

Alvaradismo

IX

CAPITULO III

EL CONSTITUCIONALISMO EN YUCATÁN

2.Sobre el Carácter del Alvaradismo

 

El alvaradismo, por el contexto histórico en que se dio, nos permite analizar el proceso de conformación del Estado mexicano de la post–revolución, desde tres niveles distintos: uno, el que concierne a la identidad nacional frente a los intereses extranjeros; dos, el de su adecuación a las distintas condiciones regionales; y, tres, el referente a la conformación del propio proyecto nacional, único y general, que respondiera a las diferencias regionales y se valiera de las fuerzas políticas significantes.

En la actuación de Alvarado en Yucatán y frente a los intereses extranjeros, encontramos una de las expresiones más nítidas y avanzadas de lo que, con el tiempo, se definiría como el legado ideológico–social de la revolución: el nacionalismo. Definición de una identidad nacional frente al extranjero, que se gesta integrando a las clases populares, sus formas de lucha, sus demandas y sus aspiraciones. Y esto pudo darse en Yucatán, por la conjunción de diversas condiciones sociales: plena vigencia de los intereses imperialistas, en proceso de expansión; pervivencia de una oligarquía y de sus formas coercitivas y discriminatorias; sumisión de las grandes mayorías en la más profunda miseria; etc.

A la aplicación de medidas económicas adecuadas para romper el monopolio en la comercialización de la fibra, la International Harvester respondió políticamente, aprovechando el momento de fiebre nacionalista y guerrera que se vivía en los Estados Unidos, para presionar una solución acorde con sus intereses. El régimen alvaradista supo presentar defensa ante la comisión senatorial y recurrir a la opinión norteamericana para restar fuerzas a la iniciativa del monopolio, que era una clara provocación. Igualmente, a nivel local, aisló a los aliados del monopolio norteamericano contraponiéndoles las masas movilizadas y organizadas, como mudo testimonio de la irreversibilidad del proceso.

El alvaradismo, como expresión regional del carrancismo, definió a la “casta divina” como su enemigo principal y el desmantelamiento del orden oligárquico como su tarea central a realizar (42). En este sentido promovió nuevas formas sociales en todas aquellas instancias vitales para el orden de la oligarquía. Destaca la variedad de su plataforma reformista y la complementación entre las distintas medidas, de acuerdo a las condiciones socia les que se vivían. Así, dada la importancia de la ideología en la reproducción del orden oligárquico, las iniciativas del proyecto alvaradista en ese sentido cobraron especial atención, a fin no sólo de neutralizar la acción manipuladora de la casta divina sino, además, difundir y consolidar los principios ideológicos del nuevo orden revolucionario.

En el marco de la colaboración interclasista en que se apoyaron las reformas constitucionalistas en Yucatán se pudieron llevar éstas a una amplitud y profundidad inusitadas, sin romper el equilibrio social. Como fue en lo concerniente a la erradicación de la discriminación étnica, tan arraigada en la vieja sociedad oligárquica. Se denunciaron y persiguieron hasta hacer desaparecer las prácticas de sujeción y los mecanismos de subordinación, de fuerte matiz étnico, promoviendo la integración de los grupos populares al nuevo orden social, imponiéndoles las formas políticas acordes con él, buscando disolver la conflictividad de la tradición étnica.

Finalmente, en lo tocante a la relación de la experiencia alvaradista con el acontecer nacional, podemos señalar el contraste de ritmos entre un proyecto que una vez en posibilidades de convertirse en único y general, esto es, en nacional buscaba subsumir las diferencias regionales y otro, regional, urgido de responder a las exigencias de la situación local.

El carrancismo, una vez logrado el triunfo sobre las otras fracciones revolucionarias, buscó impulsar nuevas formas que permitieran la subordinación de las masas movilizadas y el descuento de la presión directa o la acción armada. Enfrentó, también, la necesidad de reiniciar la actividad económica y productiva, sobre el acuerdo con los detentadores de los medios de producción y de la riqueza social; y, finalmente, el reconocimiento internacional como gobierno constituido. Todo lo anterior propició que el carrancismo, como movimiento revolucionario hecho gobierno, buscara la mediatización de las demandas populares, combatiéndolas en su radicalidad, disputándoles la iniciativa, condicionándolas en su realización (43). Esto es, buscaba la consolidación de la autoridad estatal y su pleno reconocimiento social, subordinando las instancias de decisión a su interior, marcando el ritmo y la profundidad de las acciones, determinando la dirección y los límites de las reformas.

El alvaradismo, por el contrario, no enfrentaba el problema de unas masas armadas y radicalizadas, sino el de movilizar al pueblo yucateco en la destrucción del antiguo orden porfiriano. No tenía el imperativo de reorganizar una vida económica que nunca había sido interrumpida sino, más que eso, vivía las mieles del crecimiento explosivo. No contemplaba, todavía, los restos de una sociedad caduca que había sido arrasada por el pueblo embravecido, sino la tensa calma que presagia el contrataque de una oligarquía que se había retirado sin ser destruida.

Al promulgarse la Constitución, a principios de 1917, el ritmo de los dos niveles se empezó a encimar. El carrancismo, como pauta del Estado nacional, disputaba la iniciativa de los jefes regionales y buscaba subordinarlos. Los poderes locales se apoyaban en sus fuerzas para mantener, en relación al poder central, un cierto margen de autonomía. La persistencia de esta tensión propició la polarización: o bien los poderes locales se subordinaban a las exigencias del centro, perdiendo relación con las bases populares, o, por el contrario, sostenían el rumbo de las reivindicaciones populares, entrando en conflicto con el poder central (44).

Esta fue la paradoja que enfrentaron muchos jefes militares, de amplio arraigo popular en sus respectivas regiones, y que determinó la proliferación de conflictos del más variado signo, de acuerdo a las condiciones específicas de cada región. Por lo que respecta al alvaradismo, fue clara su opción institucional que significó, primero, la desaceleración del proceso reformista y, después, el cambio de rumbo en la relación con el movimiento popular y sus demandas.

Las masas yucatecas, que habían alcanzado niveles considerables de organización, buscaban respuesta a sus demandas insatisfechas y exigían al régimen mantener su apoyo frente a las renovadas exigencias de la burguesía henequenera (45). Esto terminó por desgastar la base de apoyo social del proyecto alvaradista y dio pie para que, una vez desaparecida la coyuntura de guerra en el mercado internacional, las distintas fuerzas sociales desbordaran el marco del acuerdo interclasista e hicieran aparecer inoperantes las formas de relación y los mecanismos políticos.

Los límites de la gestión alvaradista fueron las condiciones propias a todo proyecto que se funda en la colaboración de clases. Cuando los distintos grupos, como resultado de la misma coyuntura económica se vieron fortalecidos, se lanzaron en búsqueda de nuevas posiciones, aumentando sus demandas. La sociedad yucateca nuevamente se polarizó, presionando uno y otro bando sobre el régimen alvaradista que, para su desgracia, recibía del centro la consigna de llevar adelante la institucionalización a como diera lugar. La imposibilidad formal de contender en las primeras elecciones constitucionales a la gubernatura fue el último obstáculo que se le presentó al Gral. Alvarado en su pronunciada pérdida del control político, y no lo pudo sortear.

La elección de Carlos Castro Morales, presidente del Partido Socialista Obrero, como gobernador del estado y la reorganización de dicho partido durante el Congreso de Motul, marcaron un hito en la historia política y social de Yucatán: el de la autonomización del movimiento popular.

 

 

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(42) “Llevar la Revolución, aboliendo las infamias de la esclavitud, y a la vez dejar en pie el sistema de los TRUSTS, declarando inviolables los privilegios de la CASTA, era y es tan imposible, como que el señor Madero hubiera podido gobernar con ejército, Cámaras y burocracia porfiriano-científicos”.

(Ibid: 313).

(43) Manuel A. Torre, administrador de haciendas, reseñó en un folleto el cambio de actitud del Gral. Alvarado al recibir la llamada de atención del Gral. Carranza, por sus s actitudes en el aspecto agrario, que ya habían provocado ella reacción de los hacendados:

“Cuando se dió ese decreto (la ley agraria de 1915) nuestros hacendados paralizaron por completo los trabajos que entonces estaban haciendo en sus fincas para sembrar nuevos plantíos; pero más tarde, el 31 de agosto de 1916, el Sr. Carranza dió un nuevo decreto, en que decía “Que sólo los poderes generales de la nación eran los que podían legislar sobre ejidos y terrenos baldíos y decretar la expropiación de tierras por interés público, anulando este decreto las leyes dadas sobre esa materia por los gobernadores de los estados hasta esa fecha. Además, en una declaración pública que el Sr. Alvarado hizo en una asamblea de la Comisión Reguladora interpelado por el Dr. Antonio Ancona P., quien le suplicó dijera de un modo categórico si los hacendados debían suspender sus siembras, porque de sembrar la perderían… Alvarado contestó: siembren cuanto quieran, que lo sembrado no les será quitado”.

(Cfr: Paoli F., Montalvo E.; 1977; 97).

(44) “Una vez instaurado en 1917 el nuevo orden legal se empezó a edificar un sistema político que situara con precisión a la pluralidad de fuerzas sociales que actuaban caóticamente en la escena política. Con el fin de subordinar a caudillos y caciques que reclamaban puestos de mando, así como a movimientos incontrolados de los trabajadores, los líderes nacionales se fijaron dos metas: concentrar en las autoridades federales el poder disperso entre los diferentes estados y subordinar la actuación de las organizaciones que reclamaban un lugar en el nuevo orden de cosas”.

(Falcon R.; 1980; 5)

(45) “El programa de gobierno que lanzó el PSY en junio para los ayuntamientos da muestra del nivel de radicalización alcanzado hasta entonces. Entre los puntos más relevantes, destacan los siguientes: 1. Procurar la reducción de los impuestos por ser éstos una de las causas de la carestía de la vida y extorsión de las clases trabajadoras. 2. Los concejales que postula el Partido se comprometen a no cobrar emolumento. 3.Cuando un concejal no cumpla uno de estos artículos, el Partido Socialista lo denunciará al pueblo para exigirle su renuncia. 4.El ayuntamiento de Mérida se compromete a sanear su hacienda pública, hoy adeuda considerablemente. No darán concesiones que redunden en perjuicio del municipio y que duren más de un año. 5.Procurarla municipalización de los servicios de tranvías, teléfonos, luz y fuerza eléctrica, agua potable, basura y mercados. 6.Instrucción general para la defensa del pueblo (ejército de los trabajadores), en sustitución del ejército permanente que ha servido como medio de opresión. 7.–Hacer efectiva la instrucción primaria, dotar de libros y demás materiales de enseñanza a los escolares. Proporcionar alimentación a los educandos. 8.Gestionar la municipalización del registro civil, suprimiendo la intervención oficial en los contratos matrimoniales y los de divorcio; establecer el horno crematorio. Impulsar las industrias del municipio con especialidad a aquellas que tiendan al beneficio del pueblo; gestionar el establecimiento de colonias higiénicas para introducir a los indios en la vida moderna, enseñándoles a utilizar los progresos de la humanidad para su beneficio”

(Paoli F., y Montalvo E.; 1977; 128).

 

José Luis Sierra Villarreal

Continuará la próxima semana…

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