III
Continuación…
El sábado 23 de junio se efectuaron los funerales de don Lucas en la Catedral, después de las ceremonias militares y religiosas correspondientes a su alta investidura de Gobernante, y se levantó el acta correspondiente de su defunción en el libro 8 de entierro que comienza desde marzo de 1791, foja 22, existente en el archivo del sagrario de la Catedral de Mérida, en los términos que sigue:
“Al margen –El señor Gobernador y Capitán General e Intendente Dn. Lucas de Gálvez. –Partica 776. –Sábado veinte y tres de junio de mil setecientos noventa y dos. Fue religiosamente sepultado en la cruxia del Altar Mayor de esta Santa Iglesia Catedral de San Idelfonso de la Ciudad de San Bernabé de Mérida, Provincia de Yucatán, el cuerpo del difunto Señor Brigadier de los Reales Exércitos Dn. Lucas de Gálvez y Montes de Oca, Comendador del Orden de Calatrava, Gobernador y Capitán General, Intendente que fue de esta provincia, que murió alevosamente herido, por cuya razón solamente fue absuelto violentamente, y administrándosele el sacramento de la Extremaunción, sin haber hecho testamento; se averiguó ser natural de Ecija, y casado con la señora Da. María Francisca Monya. –El señor Dn. Pedro Faustino Brunet, Chantre Dignidad de dicha catedral, hizo este entierro con toda solemnidad. Y porque conste tomé yo el Cura Br. Dn. Manuel Josep González que lo soy por su Majestad de la referida Santa Iglesia Catedral, esta razón que certifico por haberlo presenciado, y firmo Br. Manuel Josep González.
Terminados los funerales de don Lucas, comenzaron los arrestos, siendo la primera víctima don Clemente Rodríguez Trujillo, por ser el único acompañante del Gobernador la noche del crimen y porque, además, el asistente del Capitán General y el Dr. Poveda declararon que, cuando llegaron a la residencia del Sr. Gálvez, se encontraron al Tesorero Real con las ropas y las manos manchadas de sangre. Pero don Clemente pudo comprobar que las manchas, se debían a que él ayudó al Gobernador a bajar del coche y que ya dentro de la casa, al desvanecerse, lo tuvo que sostener y trató de impedir con sus manos la hemorragia, mientras llegaba el Doctor para que interviniera. Dirigiéndose al Juez le aclaró:
–Efectivamente yo era quien le acompañaba, pero fue porque él me pidió cuando se retiraba del palacio que lo hiciera. Quería que tomáramos un café en su casa, mientras me platicaba unos problemas que, según él, eran muy graves, y quería oír mi opinión antes de tomar una decisión.
–¿Y no le dijo, más o menos de qué se trata? –interrogó el Juez.
–Francamente no; el trayecto entre el palacio y su casa es tan corto, y las cosas como sucedieron, no fue posible.
–A propósito, dijo el Juez– Y cómo sucedieron, Ud., estaría tan cerca de él que sin la menor duda estoy seguro que pudo ver la cara del agresor.
–Pues no pude verle, porque el asesino pudo ser un hombre que pasó a caballo y que posiblemente llevaba una lanza lo suficientemente larga para no acercarse demasiado y no ser reconocido; por eso fue que el Gobernador pensó que lo que le habían dado era una pedrada y no una puñalada como realmente fue.
–Señor Rodríguez –contestó el Juez– en tanto continúan las averiguaciones, queda Ud. en libertad condicional hasta que se esclarezca este asunto y encontremos al autor del crimen.
Al día siguiente se ordenó la detención de don Juan José Viveros, Teniente de Granaderos del Batallón de Castilla que fungía como Secretario Particular del Gobernador; pero este personaje pudo con mucha facilidad demostrar su inocencia, quedando en completa libertad.
Se procedió a detener a Fray Antonio de Armas y otros Franciscanos por su conocida enemistad con don Lucas por haber dictado algunas disposiciones que afectaron los intereses del Clero, como la obvención de los mayas que era una renta de los frailes; por lo que se pensó que el verdadero móvil del crimen era de carácter económico. Sin embargo, no se les pudo comprobar su participación y se les dejó en libertad.
También fueron citados a declarar otros reconocidos enemigos del señor Gálvez, entre los que se encontraban don Tadeo Quijano y su hermana Josefa, pero no se encontraron pruebas que los hiciera copartícipes del asesinato.
Como don Clemente de Rodríguez había mencionado en sus declaraciones que el supuesto asesino iba a caballo, bien pronto surgieron los rumores haciéndose vox pópuli que el autor del crimen era un mayordomo a quien numerosas personas habían visto en varias ocasiones en dirección de la casa de la familia Cisneros Rendón, y que todo el tiempo se le vio pasar montado sobre un caballo alazán. No faltaron quienes espontáneamente se presentaron ante el Juez a declarar que el que se disfrazaba de Mayordomo para ir a ver a la señorita Cisneros era don Toribio del Mazo.
Ante tal evidencia, y habiendo cobrado fuerza esta versión, el Juez procedió a la detención del Teniente de Milicias y, aun cuando se presentaron algunas personas a atestiguar que don Toribio se encontraba en Tihosuco en la noche del crimen, todo fue inútil, ya que eran más los que aseguraban que fue visto en Mérida el día de la tragedia, motivando esto una serie de persecuciones contra los testigos que favorecían al acusado por lo que, temerosos de las represalias, terminaron por desdecir sus primitivas declaraciones, con excepción del Presbítero don Manuel Correa, que se mantuvo en lo que había dicho desde el principio, por lo que tanto éste, como otros que no encontraron cómo desmentir lo que antes afirmaron, fueron llevados a prisión en compañía del Reo en las celdas del Convento de los Franciscanos.
Enterado el jefe de la Mitra del proceder del Juez en contra de su sobrino, se sintió profundamente afectado; convencido de su inocencia, escribió una carta al Virrey de la Nueva España, solicitándole su intervención a fin de que se designe a un funcionario capaz de esclarecer todo el embrollo en el que el Juez de Mérida había incurrido al condenar a don Toribio.
Ante esta súplica, y tomando en consideración la dignidad del Obispo Piña y Mazo, por instrucciones del Virrey, la Real Audiencia de México comisionó al Oidor don Manuel de la Bodega para que se encargase de investigar todo lo relacionado con el asesinato del Capitán General don Lucas del Gálvez. Este jurisconsulto, a pesar de ser uno de los más preparados de su época, no pudo esclarecer el asunto, pues era tanto el enredo de informes que recibió, que mientras más investigaba más creyó en la culpabilidad de don Toribio, por lo que a insistencia de Fray Luis se le encomendó seguir el caso a don Francisco Guillén quien, pese a su buena voluntad por satisfacer los deseos del Obispo de Yucatán, no le fue posible demostrar la inocencia del acusado, ya que todas las pruebas que se habían acumulado lo delataban como el único y directo responsable de tan lamentable crimen, y no le quedó más opción que la de ejercer la acción de justicia por lo que el Reo y coacusados fueron llevados a la Nueva España, después de tres años de iniciado el proceso, siendo recluidos en el presidio de San Juan de Ulúa, en donde a don Toribio se le trató con suma dureza a fin de que muriese en la prisión.
P. Loría T.
Continuará la próxima semana…
P. Loría T.
