Después de la jornada electoral del 2 de julio de 2006 me sentí cansado físicamente por una actividad larga de más de 18 horas de continua concentración en un objetivo: cumplir con conciencia ciudadana mi participación en el proceso electoral para la elección del Presidente de México y los representantes de los miembros de Congreso de la Nación, Diputados y Senadores.
Hablo del Proceso Electoral como un Acto del ejercicio del Derecho Constitucional del ciudadano de elegir a sus representantes. El Acto realizado durante ese 2 de julio fue una muestra del deseo de los ciudadanos de manifestar su voluntad, de hacer valer su derecho a elegir libremente a sus representantes.
Este acto pudiera analizarse desde varios aspectos, pero creo conveniente señalar, por motivos prácticos de claridad y significancia, únicamente dos aspectos:
- El Acto Electoral por si mismo, como un hecho de manifestación ciudadana, y
- El Acto Electoral como la forma de llevar a cabo una clara, transparente y válida manera de elegir una autoridad política del País, que dista mucho de serlo.
El Órgano establecido para realizar dicho Acto, el IFE de ese entonces, carece de confiabilidad, por las múltiples instancias que se crean a través del mismo, hasta llegar al resultado de emitir un juicio de declaración del ganador, sobre bases y elementos de decisión manipulables, adecuativas y faltas de total credibilidad como lo son:
- el listado nominal de electores o votantes,
- la credencial de elector,
- el órgano facultado para realizar el sufragio, como son los Miembros de la Casilla Electoral (autoridades),
- la seguridad dentro del proceso,
- que se respete, o que verdaderamente sea efectiva la forma en que se ejecuta el proceso –desde el inicio al identificar al elector, verificando que sea el verdadero poseedor del derecho a votar en base a una identificación, en la mayoría de los casos con una antigüedad de 10 a 15 años, lo que invalida la posibilidad por sí misma de identificar a la persona a partir de una fotografía tan antigua–,
- así como la honestidad de la persona que identifica el listado electoral, y más aún al momento de marcar la credencial con un aparato que no cumple con dicho fin, mucho menos la posibilidad de hacer efectiva la acción de votar poniendo tinta indeleble en el dedo pulgar derecho del votante, ya que no se tiene ninguna seguridad de que efectivamente se haga o que, lo que es peor – como en el caso de ese 2 de julio –, que la tinta proporcionada por el IFE estuviera completamente seca y no cumplía con su propósito de ser una evidencia de que ya se había ejercido el acto de votar.
A todo lo anterior se agrega el escandaloso descaro de manipulación de los múltiples miembros de los órganos complementarios del IFE, Consejos, Consejos de asesoría, Consejos ejecutores – que manejan a su arbitrio todo el proceso: desde la designación de los funcionarios de casillas, pasando por su inexistente capacitación, aun cuando se firme y se llene un recibo de haberse impartido, y la manipulación de los documentos finales en los que los PRE son tomados desde antes de ingresar al recinto del IFE por una persona no identificada que tampoco entrega un documento por el retiro o substracción de dichos Sobres PRE, y que al ingresar al recinto para la entrega de la Caja Electoral, le den un documento (recibo) en el que no tiene nombre de la persona que recibe pero, eso sí, marca que el PRE fue recibido, cuando no lo está recibiendo.
Todo lo anterior deja muchísima duda de la claridad y validez de un Proceso tan significativo en la vida del ciudadano, en lo personal, en la vida misma de la Nación, con un proceso bendecido documentalmente, pero carente de las más mínima confiabilidad y transparencia, que nos repiten incansable y abrumadoramente por todos los medios que lo es, cuando no lo es.
CARLOS JESÚS ALONZO Y SOSA
Miembro del Grupo Liberal “Fraternidad y Justicia A. C.”
