Amenazas y Chantajes

By on octubre 10, 2019

Perspectiva

En esta semana que está por fenecer se han dado dos ejemplos de irresponsabilidad e inmadurez en las acciones de jóvenes en diferentes estados del país, uno de ellos en Yucatán y el otro en el Estado de México, ambos cubriendo  un amplio espectro lleno de amenazas y el chantaje.

El primero sucedió en nuestra tierra yucateca: un estudiante de la UADY, en un chat con sus amigos el domingo por la noche, les indicó que la mañana siguiente llevaría una pistola y una escopeta a la Facultad en la que estaba enrolado, que no fueran si no querían perder la vida, y que había llegado a su límite, que estaba dispuesto a emular al Joker –cuya película se estrenó ese mismo fin de semana y cuyo argumento seguramente influyó en su conversación– y que estaba dispuesto a cargarse a los que pudiera, que hasta había practicado el manejo de las armas disparándole a tres perros.

La información del posible ataque esa misma noche se volvió viral, con lo que las autoridades de la Universidad decidieron cortar por lo sano: suspendieron las clases matutinas en la Facultad en donde supuestamente se darían los hechos, los comunicaron a las autoridades, y el mismo lunes, a media mañana, dieron una conferencia de prensa en la que explicaron la postura asumida.

Mientras todo esto sucedía, la misma noche del domingo el estudiante confesó en la página de la Facultad que todo era una broma que se “salió de control”, y que en realidad no tenía intención de hacer nada de lo que había dicho, que asumía las responsabilidades de su conducta.

El segundo caso se dio ese mismo lunes: estudiantes de la Escuela Normal Rural «Lázaro Cárdenas del Río», de Tenería, en el Estado de México, entraron violentamente a las instalaciones de una empresa transportista y tomaron 92 camiones, junto con sus choferes, llevándolos contra su voluntad al interior de sus instalaciones escolares, configurando al menos dos delitos con esta acción: hurto y secuestro. Posteriormente supimos que “exigían” que les otorgaran 84 plazas directas, y el pago de «dineros acordados», a cambio de la liberación de las unidades y de los conductores.

El elemento común en los actores en ambos casos: la juventud de los protagonistas, su egoísmo, y su evidente incapacidad de sopesar las consecuencias de sus actos.

En cuanto al estudiante yucateco, la UADY levantó denuncias ante el Ministerio Público para que se aplique la Ley; los compañeros de estudios han descalificado su proceder –están claros en que actuó mal y que debiera recibir atención psicológica–, y aún falta por saber qué sanciones le aplicará la Facultad, entre las cuales es casi un hecho que se dará su expulsión. Con la forma en que ha actuado, la UADY pretende dejar en claro que este tipo de comportamientos no serán tolerados, y la sociedad estudiantil, así como la de Yucatán, está de acuerdo.

En el caso de los normalistas de Tenería, se entrevistaron con el Sub Secretario de Gobernación de la nación ¡y les concedieron sus 84 plazas directas y el resto de su pliego petitorio! No solo eso, todavía se tomaron 24 horas más para liberar a los secuestrados y las unidades, a pesar de que acordaron que sería inmediata la liberación, habiendo conseguido lo que su exitoso chantaje obtuvo.

Y aún más: el Sub Secretario de Gobernación festinó el “logro de su gestión” ante los estudiantes, declarando que “las acciones de los normalistas deben entenderse por el contexto de marginación y pobreza del que vienen, y por eso los secuestrados no son víctimas ni los normalistas cometieron un delito, y quien diga lo contrario lo dice desde el privilegio.” Hágame usted el fabrón cavor: no hay delito que perseguir, a pesar de que el secuestro es delito federal.

No son los primeros estudiantes normalistas que actúan de similar manera, arrogándose algo que no es suyo, fuera una caseta de peaje, una vía de comunicación, un vehículo y, como en este caso, incluyendo en sus hazañas el secuestro, porque privar ilegalmente de su libertad a alguien constituye un secuestro, a pesar de lo que diga el Sub Secretario de marras, punible en todos los casos.

Lo preocupante en este ejemplo, y en todos los que hemos visto que involucran normalistas rurales –incluyendo el infame episodio de Ayotzinapa que comenzó precisamente con el secuestro de choferes y camiones por los estudiantes de la Normal rural– es el incentivo que reciben esos jóvenes: nadie les aplica el peso de la Ley, fuera por cálculo político, por temor, por ineptitud, o por cualquier otro motivo, lo cual refuerza sus acciones, fomenta la impunidad, y les exalta el sentimiento de supermachos (con perdón de Rius) con que los han revestido aquellos que los han solapado.

En estos dos ejemplos esta misma semana hemos visto dos varas y dos medidas: una que busca desalentar conductas similares en el futuro, otra que “premia” a delincuentes que cometen delitos mayores y los alienta a seguir cometiéndolos. ¿Estamos de acuerdo en cuál de los dos procederes es el que debe fomentarse en nuestras ciudades, estados y en todo el país?

Desde esta perspectiva, cuando cualquier individuo o grupúsculo hace caso omiso de lo que la Ley nos indica, y la Autoridad los recompensa por ese proceder, estamos atestiguando la siembra de las semillas de algo terrible: la anarquía autorizada por el Estado, y lo que sigue a eso es la desaparición de Poderes ante el caos que ocasiona.

¿Será que ese es el plan maquiavélico de esta Cuarta Transformación, que tan solo ha continuado, y acaso empeorado, aquello que los llamados neoliberales iniciaron? ¿Dónde están el bienestar y apego a la Ley que pregonan?

Hasta aquí estos ejemplos que involucran a algunos ejemplares de la juventud de nuestros días. La próxima semana hablaremos del accionar de los adultos chantajistas, las autoridades que se los permiten, y los “logros” de sus esfuerzos.

S. Alvarado D.

sergio.alvarado.diaz@hotmail.com

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