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¿Urgen nuevas tarifas?

By on agosto 9, 2018

Editorial

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Los empresarios del transporte urbano en Mérida ejercen restricciones y otras medidas de presión que incluyen disminución de unidades y alteración de horarios de servicio para usuarios que requieren llegar a tiempo a sus centros de trabajo. Tales empresarios exigen solución inmediata a sus peticiones y demandas, aceptación plena de sus exigencias, subsidio mayor obligado del gobierno, etc. Todo con tal de que se aprueben sus peticiones de aumento de tarifas o, en su defecto, un aumento al subsidio que reciben del gobierno estatal.

En ningún momento han mencionado la formación de un comité oficial, empresarial y/o ciudadano para afrontar conjuntamente este problema que a todos va a afectar, y sólo a unos cuantos favorece.

Si el condicionamiento incluye el cobro de facturas por servicios prestados a partidos políticos, o si en la rebatinga de los momentos previos a nuevas elecciones nacionales y cambio de poder en niveles locales se pretende dar un alza apresurada como hecho consumado, deberá actuarse con cuidado porque el usuario y su modo de vida familiar no lo permitirían por sus recursos limitados.

Ante esta amenaza cabe formular las siguientes preguntas:

¿Con base en qué se pretende dicho aumento?

¿Ya se elaboraron estudios de costos desglosados por parte de los concesionarios?

¿Se ha integrado alguna comisión mixta de gobierno, iniciativa privada y sector empresarial para analizar el problema conjuntamente?

¿Se ha dado participación a los cuerpos de auditoría y/o agrupaciones de contadores públicos, analistas financieros y especialistas para tomar su criterio antes de algún posible dictamen de opinión?

¿Está sujeta a criterio oficial únicamente la decisión que afectará a toda la población?

¿Se ha pensado en tarifas diferenciales para vehículos totalmente depreciados y los nuevos de posible adquisición para sustituir los vehículos que aún recorren rutas con más de diez o más años de servicio?

A nuestro juicio hay mucho por hacer. Se debe estudiar cada detalle y la trascendencia del fallo sobre el problema del transporte público para toda la población, sobre todo la trabajadora y estudiantil.

Decidir a ciegas, sin estudios y análisis suficientes, únicamente por dar una respuesta al chantaje ejercido por los empresarios camioneros en su afán de forzar decisiones, sería grave e impropio.

Sin análisis de costos, proyecciones y estudios serios no se debería discutir acuerdos de ningún tipo cuando pudiera afectarse a toda la población.

Que no se olvide que estamos hablando de cientos de miles de usuarios y sus familias, escolares en gran mayoría; que los salarios mínimos no consideran aumentos forzosos y que los índices de operación tanto como los de supervivencia, a no quererlo, se mueven hacia arriba día con día.

Tarifas justas sí. Acuerdos razonados a plenitud. Bases sobre consecuencias para los recursos de los humildes, es lo que debe estar en la mente de quienes tengan a su cargo las decisiones.

En lo político, a nivel nacional, los ciudadanos han dicho ¡HASTA AQUÍ! ¡BASTA DE ABUSOS!

¡TÉNGASE EN CUENTA!

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